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Nota semanal de los editores de Agenda Pública
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No hay casta política, hay política

La semana pasada el último barómetro del CIS ponía de manifiesto que el 26,2% de los españoles considera que los políticos, los partidos y la política convencional son uno de los principales problemas de España. La Encuesta Social Europea para España también nos confirma que la confianza en los políticos y en los partidos se encuentra en su nivel más bajo. Una de las expresiones más populares de esta desconfianza hacia el personal político es la que propugna la existencia de una ‘casta política’ auspiciada por unos partidos que viven de los presupuestos públicos y que no responden a los intereses de los ciudadanos. La ‘casta política’ es la versión contemporánea de la tradicional aversión hacia los dirigentes, albergada en expresiones tales como ‘todos son iguales’ o ‘los mismos perros con diferentes collares’, ante las que se suscitan reivindicaciones maximalistas al estilo ‘que se vayan todos’.

Este concepto se popularizó a partir de la obra homónima de Antonio Stella y Sergio Rizzo (2007) sobre la clase política en Italia, cuyo éxito de ventas favoreció la aparición en España de obras similares –de calidad más cuestionable- sobre los políticos en el nivel estatal y autonómico. A pesar de que tanto el término como la idea de fondo han calado en el imaginario popular, el debate público sobre los políticos sigue condicionado por una pobre evidencia empírica y por un exceso de supuestos dudosos,  cuando no directamente de prejuicios sobre la política y los políticos. Incluso en la academia se constata un déficit de conocimiento al respecto, a pesar de la importancia que se le reconoce al objeto. Este déficit se explica por la dificultad para reunir datos sobre cómo son, cómo piensan y cómo actúan los miembros de los partidos y de las instituciones representativas y de gobierno. Por esta razón, muchos científicos sociales suelen preferir responder a estos interrogantes a partir de datos de opinión pública, mucho más abundantes y fáciles de tratar, o extrapolando y haciendo juegos malabares a veces un poco arriesgados, como es el caso de la controvertida obra de César Molinas.

Sabemos que la gente desconfía cada vez mas de los políticos y que los políticos y los partidos están cada vez peor valorados, pero ¿implica ello la existencia de una casta política?  Para responder afirmativamente a estas cuestiones, sería necesario que la clase política española cumpliese determinados requisitos: intensa homogeneidad interna, colusión de intereses comunes y específicos,  elevada continuidad y bajo nivel de recambio, e impermeabilidad social.  ¿Son los mismos? ¿Son lo mismo? Los trabajos sobre elites políticas, instituciones y psicología social van acumulando evidencias al respecto en las que estos requisitos se dan sólo de manera difusa e irregular, cuando no de forma opuesta, de modo que resulta imposible afirmar que dicha ‘casta política’ realmente exista en España. O más bien, resulta posible rechazar su existencia.

A pesar de un cierto sesgo social (en beneficio de hombres maduros de clase media-alta), no existe un clasismo marcado entre las filas políticas. Los perfiles sociales de militantes, dirigentes y cargos públicos nos muestran una elevada permeabilidad social, y aunque existen algunas sagas familiares relevantes, éstas no son la pauta general. Es relativamente sencillo entrar en un partido y obtener posiciones intermedias (mucho más de lo que los ciudadanos creen), mientras que el acceso a los cargos no es excesivamente costoso (siempre con permiso de la disciplina interna). A ello hay que añadir un elevado índice de renovación en los individuos al frente de instituciones (gobiernos central y autonómicos, Cortes Generales, cámaras autonómicas, elite local…), entre los más altos de Europa. El problema de la profesión política en España es más el de una ‘alta mortalidad política’ que el del ‘envejecimiento’ en coches oficiales.

Descartada la idea de ‘casta’ y sus derivadas populistas, el debate sobre el rendimiento de los políticos debería centrarse en cuáles deberían/podrían ser las mejores cualidades de los políticos, de si lo que piensan y hacen es representativo del conjunto de la ciudadanía y de cómo se les puede controlar y exigir responsabilidades. De nuevo, estas cuestiones están condicionadas por el exceso de doctrinarismo y la falta o dificultad para tratarlas con cifras y datos. ¿Cómo medir la calidad de los políticos? ¿Cuál debe ser el grado de sometimiento o libertad del político frente a la voluntad de los representados? ¿Cómo garantizar la exigencia de responsabilidad a los políticos por sus acciones, evitando la selección adversa de representantes y el riesgo moral de los elegidos? ¿Hasta qué punto tiene sentido plantearse una ‘escuela de políticos’?

La idea de políticos culpables, ineptos, halagadores y corruptos es muy antigua y se remonta a los clásicos griegos y latinos. No obstante, siguiendo a Enzensberger, “quizá ha llegado el momento de que dejemos de insultar a los políticos” (Zigzag, 1999) y reconozcamos que probablemente esperamos de ellos más de lo que realmente pueden ofrecernos, formando esa ‘trampa de las expectativas’ que señala Stephen Medvic (y de la que hablaremos con más detalle esta semana). Hoy por hoy, la política interesa en España más que nunca y  en este contexto que puede ser un caldo de cultivo propicio para muchos  experimentos habría que  adecuar las expectativas respecto a nuestros representantes y fijar las responsabilidades de los ciudadanos. 

La semana en Agenda Pública:

Desmontando a Gallardón: La reforma de la ley del aborto
El autor argumenta que la reforma del aborto de Gallardón supone una vuelta a la doble moral y al entorno legal indefinido que marcó el desarrollo de la ley de 1985. La ley hoy vigente, aprobada en 2010, estableció un entorno legal nítido respondiendo a una sociedad española que se ha mostrado reiteradamente a favor de una regulación clara. Respecto del anteproyecto presentado por Gallardón, aun cuando pudiera criticarse exclusivamente por el recorte de derechos de las mujeres, supone, además, un marco legal con grandes dosis de discrecionalidad y de oscuridad normativa.
Dos federalismos
Según Daniel Guerra, la dicotomía entre federalismo nacional, que implica una evolución del Estado Autonómico hacia un Estado federal, y federalismo plurinacional, que se concretaría en un pacto federal entre Cataluña y España, es la que marca la línea de fractura entre las izquierdas españolas.
La protesta social en Iberoamérica: ¿democracias limitadas o ciudadanías activas? 
Lina María Cabezas reflexiona sobre el origen de las protestas latinoamericanas. Dichas protestas se veían hasta ahora como un sustituto de la participación política convencional, limitada por Estados débiles e instituciones poco representativas. Según la autora, este marco de análisis parece limitado pues las condiciones han cambiado. Las libertades civiles y los derechos políticos se han generalizado, y los actores, las demandas y los repertorios de la acción colectiva han cambiado
 
¿Cómo compaginar empleo, austeridad fiscal y desigualdad?
Varios países del sur de Europa han experimentado problemas persistentes con el desempleo desde el inicio de la crisis financiera. Alexandre Afonso escribe que como parte de la respuesta al problema estos países se enfrentan a una elección entre la adopción de la liberalización del mercado al estilo anglosajón o el gasto en bienestar estilo nórdico. Como ninguna de estas dos opciones parece viable, Afonso propone una estrategia alternativa, una tercera vía basada en permitir el trabajo a tiempo parcial, que ofrece una mayor formación profesional, y el aumento de participación en el mercado laboral de colectivos especialmente castigados como las mujeres o los jóvenes.
 
El puchero de Castilla - La Mancha
Fernando Mora y Trinidad Noguera analizan las principales novedades de la futura ley electoral de Castilla-La Mancha. Sus principal conclusión es que con el nuevo texto se reforzará de forma excepcional el partido más votado haciendo más accesible la mayoría absoluta.
GRÁFICO: Aumento de las desigualdades con la crisis
Mónica Melle comenta este gráfico de Eurostat sobre la evolución de la diferencia de ingresos en España durante la crisis.
Renta Básica, ¿una propuesta madura?
Una de las múltiples consecuencias económicas y sociales de la crisis es la fractura en la relación entre trabajo y subsistencia. Para una parte cada vez más importante de la sociedad trabajar ya no garantiza cubrir las necesidades materiales básicas. Eduard Güell y Julio Jiménez argumentan que situar la Renta Básica en el centro del debate político, liberándola de su prejuiciosa e injusta etiqueta utópica, es más necesario que nunca.
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